Del 21 de noviembre al 8 de diciembre se realizó una delegación de la Red solidaria independiente europea “HondurasDelegation”. La Red se formó un año después del golpe de Estado de 2009. La 5º misión de la HondurasDelegation se ha enfocado especialmente en los impactos de la economía neoliberal global hacia las comunidades indígenas y movimientos sociales.
El objetivo de este informe es difundir
la situación de los Derechos Humanos de Honduras en diferentes medios
de comunicación y presentarlo ante el Parlamento Europeo y otros
organismos nacionales e internacionales. Visitamos en la zona central y
norte del país alrededor de 18 diferentes organizaciones, como por
ejemplo Casa Alianza, Asociación ARCOIRIS, COFADEH (Comité de Familiares
de Detenidos Desaparecidos de Honduras), para conocer la coyuntura políticosocial actual y los desafíos que enfrentan.
En el transcurso del viaje nos reunimos en el departamento de Colón con comunidades Garífunas organizadas en OFRANEH, comunidades Tolupanes
del departamento de Yoro coordinadas con MADJ (Movimiento Amplio
Dignidad y Justicia) y comunidades Lencas de la organización COPINH
(Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras), en
el departamento de Intibucá.
En nuestra visita hemos
identificado dos constantes que afectan a la mayor parte de las
organizaciones que visitamos y que traen como consecuencia la reducción
de espacios para los actores de articulación políticosocial.
• Impactos locales de la economía neoliberal global a través de inversiones de capital multinacional.
Los casos mas
emblemáticos que enfrentan las comunidades visitadas en la Bahía
Trujillo, son las inversiones turístico-residenciales (mayoría de
capital Canadiense), la instalación de una refinería de petroleo
en territorios Garífunas y la implementación de ZEDE (Zonas de Empleo y
Desarrollo Económico), mejor conocidas como “ciudades modelo”. El
impacto directo que causan estos proyectos es la usurpación de las
tierras comunales del pueblo Garífuna, que significa el desalojo forzado
y la desaparición de sus comunidades.
En el departamento de Yoro, las comunidades Tolupanes de la tribu de San Francisco de Locomapa
sufren las consecuencias de la explotación ilegal de sus bosques por
empresas madereras y la extracción clandestina de yacimientos de
Antimonio por empresarios mineros. Por el hecho de oponerse a estas
prácticas 17 indígenas tolupanes han sido asesinados.
La
construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa DESA
(Desarrollo Energéticos s.a.) eliminaría las tierras fértiles y
restringiría el acceso al río amenazando la supervivencia de las
comunidades de Rio Blanco. El
proyecto está financiado por el FMO (Banco holandés de desarrollo), la
Institución financiera finlandesa FINNFUND y el BCIE (Banco
Centroamericano de Integración Económica). Voith-Hydro,
la empresa alemana cuyo mayor accionista es Siemens, entregará las
turbinas al proyecto. La imposición de Agua Zarca sin una consulta
previa, libre e informada, ha roto el tejido social de las comunidades,
incrementando los niveles de violencia por parte de policía, militares,
seguridad privada y sicarios. Las comunidades afectadas que se oponen al
proyecto han sufrido persecución, intentos de asesinato, amenazas de
muerte contra lxs defensorxs
y sus familias. Varios Lencas como el líder indígena Tomas García
(2013) y la coordinadora de COPINH Berta Cáceres (2016) fueron asesinadxs. La mayoría de estos actos han quedado impunes.
• Difamación sistemática y criminalización de periodistas y defensorxs de Derechos Humanos.
Representantes
de las organizaciones visitadas nos revelaron la constante intimidación
y criminalización por su trabajo. Por tal razón corren graves riesgos
que afectan a su vida diaria por su desempeño público en la defensa de
los Derechos Humanos. Muchos de ellos se ven obligados a vivir escondidos,
cambiar de residencia periódicamente, alternar las rutas de
desplazamiento cotidianas debido a secuestros, robos selectivos a sus
oficinas, atentados directos y torturas.
Se genera un ambiente hostil y miedo a expresarse
libremente en público. Diferentes medios de comunicación y
declaraciones de funcionarios del gobierno han sido participes de
campañas de difamación contra organizaciones e individuos.
Tomamos testimonio de la criminalización contra comunidades Indígenas y Garifunas
que participan en procesos de recuperación y defensa de su territorio
ancestral. Durante el recorrido hemos contemplado una sociedad civil
organizada, comprometida con la población vulnerable en la lucha y en la
construcción por una sociedad justa, democrática, abierta y
transparente.
Compartimos
su perspectiva de una sociedad plural inclusiva donde todos los actores
de la sociedad civil actúen y se expresen libremente; una sociedad
libre de violencia que convive en interculturalidad, que cultiva el
diálogo, espacios creativos y abiertos.
Por ese motivo exigimos al Estado Hondureño:
• La plena aplicación del Convenio 169 de la OIT que honduras
ratificó en 1995, tomando en cuenta las propuestas de las comunidades
indígenas respecto a su reconocimiento sobre los títulos ancestrales y
el respeto incondicional a la autonomía que conduce a una economía
sustentable, desde la cosmovisión y propio concepto de desarrollo de las
comunidades indígenas y Garífunas.
• Parar
la constante difamación y criminalización por parte de instituciones y
funcionarios del Estado contra el movimiento social y pueblos
originarios por el motivo de defender sus derechos. Cese inminente de la
persecución contra las comunidades organizadas que buscan a través de
acciones de recuperación territorial, garantizar su existencia.
• Cumplimiento
pleno de las medidas de protección otorgadas por la CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos) para defensoras y defensores de
Derechos Humanos en consenso y según las necesidades especificas de las personas a quienes se les otorgaron las medidas.
• Hacer cumplir la reciente Ley de Protección para lxs Defensorxs de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadorxs Sociales y Operadorxs de Justicia (2015).
• No aprobar el Articulo
20 del nuevo Código Penal, a través del cual se crea la figura del
delito de “usurpación de aguas”, que considera a comunidades y personas
defensoras de los ríos como criminales.
• Permitir
e instaurar una comisión internacional independiente que investigue el
asesinato de Berta Cáceres con el fin de encontrar y castigar los
responsables intelectuales del asesinato.
Además exigimos a los organismos internacionales:
• Detener
las inversiones extranjeras que causan violaciones de Derechos Humanos,
destruyen el medio ambiente e ignoran convenios internacionales.
• Cuestionar
la cooperación internacional en favor de una política coherente con el
respeto a los Derechos Humanos por parte de la Unión Europea.
• No
financiar instituciones del Estado hondureño que tienen un largo
antecedente de negligencia e impunidad. Como por ejemplo el programa
“EUROJUSTICIA” de la Unión Europea, el cual otorga grandes cantidades de
dinero a un sistema de justicia altamente contovertido.
• Crear
espacios y fomentar diálogos ínter-institucionales en todo el país,
entre sectores gubernamentales y la sociedad civil hondureña.
HondurasDelegation Tegucigalpa (Honduras) 9 de diciembre 2016
