domingo, 2 de septiembre de 2018

A los 30 meses del vil asesinato de Berta Cáceres

Feminista, líder indígena Lenca y defensora del medio ambiente en Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 en su casa por hombres armados, la organización de Berta, el COPINH, estaba en lucha contra la construcción de una hidroeléctrica privada en territorio Lenca. DESA es la empresa propietaria y esta directamente vinculada con el asesinato de Berta, forma parte del Grupo empresarial ATALA-ZABLAH , uno de los más poderosos grupos de poder en Honduras, COPINH y Berta fueron victimas de seguimiento, amenazas y una fuerte criminalización, por servicios policiales de inteligencia y por personas contratadas por DESA. El proceso judicial ha estado lleno de irregularidades y se reanuda en septiembre de 2018, La defensa jurídica de Berta denuncia que una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, aparatos de seguridad del Estado, altos directivos y miembros de la seguridad privada de la empresa DESA, planeó por meses y ejecutó el asesinato. Berta se convirtió en símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. A dos años y medio de su asesinato demandamos justicia y cese la persecución contra las y los defensores de la vida en Honduras.

lunes, 27 de agosto de 2018

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DENUNCIAMOS NEGLIGENCIA ESTATAL EN EL CASO DE BERTA CÁCERES

Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.- Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.
 
Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armas y casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba. 
 
Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres. 
 
Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.
 
Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.
 
Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.
 
Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(...) asegurar que los familiares (...) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”. 
 
Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.
 
En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales. 
 
Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.  
 
Organizaciones firmantes: 
 
8th Day Center for Justice
67 Sueños – Estados Unidos
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador
Amnistía Internacional 
Asociación Nicaragua en Duesseldorf – Alemania
Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania
Carea e.V – Alemania
Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala
Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Chinese Progressive Association – Estados Unidos
Climate Justice Alliance – Estados Unidos
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El SalvadorCollettivo Italia Centro América – Italia
Comité Campesino del Altiplano – Guatemala
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala
Comité de Unidad Campesina (CUC)    Guatemala
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) –  Canadá
Common Frontiers  – Canadá
Corporate Accountability Lab – Estados Unidos
Diakonia
Earthworks – Estados Unidos
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Foro Honduras Suiza
Francia América Latina – Francia
Front Line Defenders
Fundación para el Debido Proceso
Grassroots Global Justice Alliance
Grassroots International
Green Peace
Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos
HEKS / EPER
Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala
Human Rights Defenders Project – Estados Unidos
Indigenous Environmental Network
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)
Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación –  Austria
International Service for Human Rights (ISHR)
JASS Mesoamérica
Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Migrant Justice
“La Otra” Cooperativa –  Guatemala
MISEREOR –  Alemania
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) –  Estados Unidos
Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia –  Alemania
OXFAM
Peace Watch Switzerland
Plataforma Urbana – Guatemala
Protection International
Red Comunitaria Guatemalteca –  Canadá
Right to the City Alliance – Estados Unidos
Rights Action
Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala
Share Foundation – Estados Unidos
Southern Maine Workers Center – Estados Unidos
Todos por Guatemala  Canadá
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala
United Electrical Workers of America – Estados Unidos
United for Mining Justice –  Canadá
UPROSE – Estados Unidos
Women’s Organizing Network – Estados Unidos

jueves, 16 de agosto de 2018

Carta oficial respecto a la hidroeléctrica Los Planes

Alemania, 16 de agosto de 2018


Distinguidas Señora Marcia Núñez Ennabe.
Señora Dayani Ivette Bocanegra Padilla.
Señora Claudia Cecilia Cantarero.


Nos dirigimos a Uds. con el respeto que su investidura representa frente a la labor de la velar por la correcta aplicación de justicia. Especialmente con los concernientes hacer prevalecer el principio de justicia frente a un acto de exigencia a forzar el derecho para privilegiar a intereses mercantiles sobre el interés superior de una sociedad como lo es proteger y promover el goce de los derechos humanos plenos.

Por lo tanto queremos compartir con Ustedes nuestra preocupación por el sometimiento a la revisión de la decisión del caso de justa reclamación por la comunidad  de Pajuiles, Municipio de Tela y frente a la inconformidad de la empresa Hidroeléctrica Centrales de Progreso (HIDROCEP) por la resolución en firme de la primera instancia de la judicatura hondureña.

El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula resolvió el 30 de julio de 2018 la demanda de amparo interpuesta en contra de la Corporación Municipal de Tela debido a las flagrantes, permanentes e impunes violaciones del derecho humano al agua y a la salud. Se ordenó parar las obras del proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP.

La construcción de la hidroeléctrica por parte de la empresa HIDROCEP ha causado desde su inicio graves problemas en la región, como es evidente la destrucción del medio ambiente en la Cordillera Nombre de Díos, la contaminación del río Mezapa, en detrimento de más de 20,000 habitantes que cuentan con la única fuente para el abastecimiento de agua para el consumo humano.

Nosotras/os, los y las integrantes de la red alemana-austriaca HondurasDelegation, desde el año 2016 estamos atentos, en constante monitoreo y acompañamiento a la comunidad de Pajuiles a través de la observación internacional en conjunto con las organizaciones de base y regionales. En su legítimo derecho han acudido al sistema de justicia hondureño con la plena confianza de obtener protección.

También estamos informados y hemos dado acompañamiento en la denuncia y en la asistencia a las y los defensores, pobladores y apoderados legales que han sufrido ataques físicos en los campamentos comunitarios. Así mismo las acciones judiciales para  la criminalización de 25 integrantes de los campamentos. El uso excesivo de la fuerza a través de la presencia del cuerpo militar y policial. Además se ha podido constatar y denunciar que la empresa provocó el deterioro de la convivencia pacífica  a largo plazo en el tejido social de las comunidades en la región.

Todas estas situaciones  fueron  expuestas a La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero 2018, quien en apego al mandato de protección y de coadyuvar esfuerzos con el Estado de Honduras, resolvió otorgar medidas cautelares (N° 772-17, resolución 12/2018) a cinco comunidades por el riesgo de salud en que los/las habitantes se encuentran tomando el agua contaminada por la construcción de la hidroeléctrica sobre el río Mezapa.

Todas estas acciones han fortalecido la resolución del juzgado de primera instancia que se apropió del derecho de ejecutar una resolución en apego irrestricto a la convencionalidad de la aplicación de las medidas otorgadas en el sistema interamericano. Aportando con esta afirmativa y oportuna resolución una jurisprudencia de hacer prevalecer la justicia como principio fundamental para un Estado de Derecho que prima los intereses del ser humano como fin primordial de todo ordenamiento jurídico y político.

Por lo tanto reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a la comunidad en su legítimo derecho a sostener el cumplimiento de su sentencia robustecida de  justicia. Esperamos de igual forma que ustedes como integrantes de la Corte de Apelaciones de lo Contenciosa Administrativa reafirmen y reconozcan los derechos de las comunidades en sentencia de primera instancia con un fallo a favor de los peticionarios de las comunidades afectadas.

Es así que manifestamos a Ustedes magistradas de la justicia hondureña que estamos atentos a su resolución que reafirme la sentencia basada en justicia y justo reclamo. Donde el Estado de Honduras se compromete a la tutela por los derechos de la gente. Como estado respetuoso de los derechos fundamentales y libertades. Así mismo a buscar los mecanismos para que la población afectada en la zona, pueda contar con garantías plenas de que está defendiendo el derecho a gozar de su hábitat sano y libre de factores que destruyen su dignidad y calidad de vida.

Con nuestras más sinceras muestras de respeto y esperanzadores en su resolución que deje en firme el derecho ya ganado por la comunidad.


Atentamente,

HondurasDelegation

jueves, 9 de agosto de 2018

Carta abierta respecto a las agresiones permanentes contra la comunidad de Azacualpa y las organizaciones acompañantes


Alemania 8 de agosto 2018

Estimados/as Señores y Señoras de la Municipalidad de La Unión/Copan:
Estimado Señor Rolando Argueta:
Estimada Señora Karla Cueva:
Estimado Señor Roberto Herrera:

Las organizaciones abajo firmantes conformadas en la red europea de solidaridad con Honduras elevamos nuestra voz de alerta  frente a las sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte del  Gobierno de la República de Honduras y sus funcionarios/as, sobre los ciudadanos/as de la comunidad de Azacualpa, del municipio de La Unión del departamento de Copán.

De igual forma condenamos las agresiones sistemáticas que están enfrentado el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (ASONOG) y otras organizaciones ambientalistas por acompañar a las y los ciudadanos/as en defensa de su hábitat y en contra de  la explotación del cerro El Cementerio. Que derivado de lo anterior se está promoviendo una campaña de desprestigio y confrontación entre la comunidad, actos promovidos por la empresa minera Minerales de Occidente S. A. (MINOSA). Que ha buscado la división y la generación de plataformas para instrumentalizar la participación ciudadana a favor de sus intereses, en detrimento de los intereses de la comunidad de Azacualpa.

Por lo tanto exigimos al Estado de Honduras y a sus funcionarios/as cumplir con los amparos judiciales (de mayo 2018 y 27 de junio 2018) que no permiten las exhumación y la explotación de cerro El Cementerio y ordenan a la municipalidad de La Unión: “INMEDIATO CESE Y HAGA CESAR las exhumaciones de difuntos inhumados en la comunidad para lo cual deberá usar todos los mecanismos legítimos contemplados en nuestra legislación”.

La comunidad de Azacualpa y las 35 personas que presentaron el segundo amparo están representadas por el abogado Víctor Fernández y el equipo legal del MADJ.  ASONOG, MADJ y las otras organizaciones ambientalistas acompañantes enfrentan una campaña de difamación en la cual se les está acusando de entorpecer el desarrollo del municipio de La Unión y de hacer injerencia en las comunidades. Estas organizaciones responden a la solicitud expresa de las mismas comunidades ante la represión militar y policial de la que han sido objeto a petición de la transnacional y en connivencia de la corporación municipal y entes de derechos humanos. A esto se suman los contingentes de seguridad de la compañía minera que en repetidas ocasiones han intimidado a los y las manifestantes.

La campaña de odio y desprestigio fue emprendida por la municipalidad de La Unión Copán, la empresa Aura Mineral subsidiaria de MINOSA y algunos medios de comunicación local y nacional que menosprecian y criminalizan las organizaciones y a los y las líderes locales.

Estamos preocupados/as por su integridad física y psíquica en vista del fallo del sistema judicial como por ejemplo en el caso de los defensores de Derechos Humanos Martín Fernández y Oscar Martínez.  Los dos integrantes del MADJ han sufrido atentados contra su integridad y la vida misma. El caso se encuentra sin investigar y judicializar a los perpetradores de estos actos a pesar que los victimarios fueron identificados. Este resultado de justicia dejó en total indefensión a los defensores para ejercer su labor.

Por lo tanto exigimos al Estado de Honduras que reconozca la labor de los y las defensores de derechos humanos y que cese la campaña de difamación y tome medidas adecuadas para garantizar la protección y el respeto de la vida.
Además exigímos al Estado de Honduras que cumpla con el convenio 169 de la OIT,  respetando los derechos de los pueblos indígenas en las comunidades del municipio de La Unión.

A los entes judiciales exhortamos que garanticen el cumplimiento de los amparos judiciales de mayo 2018 y junio 2018 que no permitan las exhumación y la explotación de cerro El Cementerio.

Por lo tanto elevamos también nuestra voz de alerta a las diferentes delegaciones diplomáticas en Honduras de la Comunidad Europea a sostener su compromiso por velar por el cumplimento de los derechos humanos y por el respeto a la autodeterminación de los pueblos en sus territorios.

Atentamente,

Cadena de Derechos Humanos Honduras, Alemania
Collettivo Italia Centro America (CICA), Italia
Foro Honduras Suiza, Suiza
HondurasDelegación, Alemania
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Alemania
Plataforma por Honduras en Madrid, España


Cc.
Unidad de Protección
Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras
Delegación de la Unión Europea en Honduras
Embajada en Alemania
Embajada en el Estado español
Consulado General en Italia
Embajada en Suiza

miércoles, 21 de febrero de 2018

Encuentro europeo en solidaridad con Honduras


Desde el golpe de Estado de 2009 en Honduras la situación de derechos humanos se ha agravado progresivamente. A raíz de esta situación, desde algunos países europeos surgieron personas y grupos solidarios que actúan en diferentes áreas, de diversas formas y con diferentes organizaciones en Honduras.
Después del asesinato de Berta Cáceres entendimos la necesidad urgente de unir esfuerzos, crear redes y generar acciones concertadas entre todos los grupos, con el fin de conseguir un impacto más grande. Conocemos el rol importante de la Unión Europea en la región centroamericana y especialmente en Honduras. Si conseguimos organizarnos entorno a una plataforma Europea para generar incidencia denunciando la injustas realidades del país, estamos segurxs que contribuiría a aportar protección a lxs activistas y organizaciones que con mucho riesgo trabajan día a día por una transformación real del su sociedad.

CADEHO, la red solidaria HondurasDelegation y la Oficina Ecuménica por la paz y justicia estamos organizando un encuentro de tres días con la idea de re/encontrarnos, mostrar y aprender de nuestras experiencias y comenzar a desarrollar visiones y estrategias comunes sobre nuestra lucha europea para Honduras.

Fecha: 15 al 17 de Junio 2018
Lugar: Berlín / Alemania

El encuentro se desarrollará en una casa-proyecto-alternativo con posibilidades de hospedarse.
Los costos de viaje tendrían que ser cubiertos por cada grupo o persona.
Desde Alemania estamos buscamos fondos para cubrir algunos gastos del encuentro.
Sí tienen interés en participar o cualquier otra pregunta sobre el encuentro, escríban a: cadeho@riseup.net

Para nuestra planificación necesitaríamos la confirmación de todxs lxs participantes hasta finales de Abril de 2018.

Saludos solidarios

BERTA VIVE! 

Tegucigala 27 de enero 2018 - Foto: Luis Méndez