La Tejera, una comunidad indígena Lenca en el departamento de
Intibucá, al noroeste de la capital de Tegucigalpa: El 1 de
noviembre 2013 la Policía Nacional realizó un allanamiento en
la comunidad equipados con pasamontañas, chalecos antibalas y con
armas de grueso calibre. Supuestamente, buscaban a un líder de la
comunidad, sin embargo apuntaron sus armas contra niños, mujeres y
ancianos; amenazando con provocar un derramamiento de sangre. La
Tejera es uno de las once comunidades en la región de Río Blanco,
que esta en contra de la represa Agua Zarca. Casos
similares se dan en el altiplano oeste,
en la costa del mar caribe, en la zona
sur, al fin
estos acontecimientos se
repiten en todo el país.
“Pasamos del golpe al golpismo, y ahora a una
dictadura” resume Félix Molina, un periodista
radial refiriéndose
a
los últimos
cuatro años. El golpe en junio de 2009
no cambió mucho a los poderes, porque las
élites
económicas y
políticas ya
estaban bien
unidas. Una
novedad fue la recuperación del espacio dentro del juego de poder
por parte de los militares. Después de las dudosas elecciones bajo
la presencia
militar en 2009, militares asumieron figuras claves en
ministerios civiles
y empresas estatales en el gobierno de
facto de Porfirio Lobo (2010 – 2014). Por ejemplo el
general Romero Vásquez Velásquez
(responsable principal en el golpe)
se convirtió en director
de la Empresa Hondureña de Telecomunicación – HONDUTEL.
VIOLENCIA Y MILITARIZACIÓN
La Defensora
de Derechos
Humanos Dina Meza
describe la situación: “La
poca institucionalidad
creada desde hace casi tres décadas cayó estrepitosamente con el
golpe de Estado. No
solo por la
corrupción, la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico
en la policía, sino además
por la
violencia política a través de una estrategia bien combinada en
todo el aparato estatal. De aquí no podemos olvidar el papel de
gendarme que Estados Unidos ha ejercido con más ímpetu
desde el golpe de Estado de 2009, el cual apoyó y financió.”
Violencia extrema e impunidad dominan la vida
cotidiana. Asesinatos políticos a periodistas, abogados y personas
críticas están
a la orden del día. Los crímenes
se comenten por policía,
militares, paramilitares
y sicarios. El sistema judicial es ineficiente y esta dominado por el
gobierno. Bertha Oliva de la organización COFADEH constata: “Hemos
vuelto a la realidad de las viejas y nocivas prácticas que solo
suelen hacerse en dictaduras militares. Estamos
muy conscientes
que vivimos en un país desesperado, después
del golpe de estado militar, en un país donde sigue imperando la
bota militar, la
presencia militar.”
La militarización en las regiones rurales y la
criminalización de los movimientos sociales tienen una meta bien
clara: la venta de los recursos naturales.
Particularmente evidente es el
ejemplo del proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca. La concesión
se dio a la
empresa hondureña
Desarollos
Energéticos S.A. (DESA), en
cooperación con la transnacional
China SINOHYDRO,
la cual debía haber
terminado la represa a finales de
2014. En 2010 DESA obtuvo
la concesión,
que le garantiza el uso del Río Gualcuarque durante
un plazo de
veinte años.
CONTRA
EL DESPOJO DE TIERRAS
Agua Zarca se construye en tierras que pertenecen a comunidades
indígenas Lencas. Utilizadas no solo para cultivar sus alimentos,
también representan su identidad cultural. Las comunidades indígenas
y afro-indígenas representan alrededor de una décima parte de la
población hondureña. La mayoría vive en regiones lejanas y de poca
infraestructura. Además del pueblo Lenca (el de mayor población)
también están otros pueblos: lxs Garífuna, Miskitos, Tolupanes,
Chortí y Pech.
En el año
1925, las comunidades Lencas de
Río Blanco recibieron títulos de
propiedad de sus
tierras, las
mismas que
pueblan
y cultivan. Desde
entonces,
principalmente
los grandes terratenientes, intentaron apropiarse ilegal
y violentamente
de estas tierras. El Río Gualcuarque representa
el punto principal de la alimentación y de los motivos de existencia
de las comunidades vecinas; usado
para el riego de los cultivos, el abastecimiento de agua potable,
para lavar ropa y para pescar. En 2012 DESA empezó
con la construcción de
la represa en esos mismos terrenos. Grandes
cultivos como
maíz, frijoles,
café y frutales fueron destruidos. A
finales de marzo 2013 el personal de
seguridad de DESA
prohibió el acceso al rio, como
consecuencia, en abril 2013 empezaron las comunidades afectadas un
bloqueo de calle que se mantiene
hasta hoy día.
El golpe de estado provocó una masiva movilización popular,
que no se
había
visto en Honduras desde la huelga general de 1954. A pesar
del estado de excepción y el toque de queda, la gente se mantuvo más
de tres meses en las calles protestando contra el régimen que
realizó el golpe. El gran movimiento heterogéneo que surgió de
estas protestas apoya a los diferentes movimientos sociales, por
ejemplo los de lxs campesinxs del Bajo Aguán que ya estaban
sufriendo fuertes conflictos agrarios desde los años noventa.
Ocupaciones de tierras frecuentemente es la única solución para
defenderse contra robo ilegal de las tierras a través de los grandes
empresarios del monocultivo de palma africana y de las empresas
transnacionales como SABMiller.
Un papel importante en la resistencia lo juegan las radios
comunitarias y los comunicadores sociales críticos; pese a las
amenazas masivas, al asesinato de muchos periodistas y al cierre de
radios que luchan por el derecho a la libre expresión.
Principalmente en las zonas rurales funcionan como portavoz de la
población, movilizan para las protestas e informan sobre los
derechos. Tómas Gómez de la radio comunitaria “La Voz Lenca”
cuenta -que a través de las radios se rompe el aislamiento. “Se
enteran en las luchas de las comunidades vecinas y se activan.”
LA JUSTICIA FRACASADA
Las comunidades en Río Blanco demandan a DESA y a las instituciones
responsables del despojo de las tierras, por la violación de los
derechos colectivos de la población indígena. Apelan al convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el
estado de Honduras ratificó en 1994. Dicho convenio169 dice que las
comunidades afectadas deben ser
consultadas,
de manera previa, libre e informada
antes de firmar cualquier
proyecto en sus territorios. Ni la consulta ni la aprobación
de dicho proyecto se llevó a cabo. Por el contrario, aparecieron
listas con firmas tomadas
de manera fraudulenta, y manipuladas para legitimar
una
declaración de mutuo
acuerdo.
En estas listas aparecen firmas de personas, que nunca han firmado
porque están en contra del proyecto, igual aparecen firmas de
personas que ni siquiera saben escribir. Que la demanda vaya a tener
éxito es poco probable, porque en Honduras se ignora
sistemáticamente las demandas de la población indígena.
Así como el sistema
judicial pasa por alto los derechos de la población indígena y
afro-indígena, el racismo
frente las minorías
esta omnipresente. En el Departamento de
Intibucá, los Lencas fueron desplazados
forzosamente
hacia las
regiones retiradas, levantaron iglesias y cementerios especialmente
para separarles
de la población española, criolla o mestiza.
-“La iglesia
satanizó las prácticas culturales y prohibió a los indígenas
practicarlas. Aún
hoy día, la
iglesia católica y la evangélica condenan
la practica espiritual del pueblo Lenca”
dice Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). -“Muchas
veces en las clínicas
o incluso en hospitales
hemos tenido que
dar una batalla porque no se atiende a los
indígenas como
debe ser. Incluso
en casos que nosotros denunciamos por violación sexual, por ejemplo,
contra niñas indígenas.
El trato que dan
los médicos
forenses en algunas ocasiones ha sido de mas
agresión
a las niñas o a las mujeres
indígenas que son victimas de la violación sexual. O sea una
segunda vez agredida en su dignidad, en su integridad.”
En el sistema político
las voces indígenas tampoco
son escuchadas y
en el parlamento actual no están
representados. Con el actual gobierno
de Juan Orlando Hernández (Partido Nacional), pasaron
la Secretaría de Pueblos Indigenas y
Afrohondureños (SEDINAFROH) dentro del sector de Desarrollo e
Inclusión Social aplicándole
fuertes recortes en la financiación.
OPOSICIÓN = CRIMINALIZACIÓN
Desde hace veinte años COPINH lucha contra el racismo, lucha por una
equidad de género y por derechos a la tierra para lxs indígenas.
También la oposición contra la represa Agua Zarca esta organizada
por el COPINH. Líderes de la organización están en la línea de
fuego mediática. Los principales medios de comunicación del país
están en las manos de grandes empresarios hondureños influyentes;
es algo frecuente comprobar que los registros arbitrarios y le
persecución judicial de la coordinación del COPINH esta acompañada
de una campaña de difamación por parte de dichos medios. Bertha
Cáceres y dos coordinadores más fueron procesados y acusados por
“deterioro de propiedad de DESA” y “actos terroristas”.
Agua Zarca sirve de precedente para los 48 proyectos de energía
renovable que se aprobaron después del golpe y que están forzados a
realizarse debido al marco legal que favorece los intereses
empresariales. Durante el gobierno de facto del ex-presidente
Porfirio Lobo se aseguró desde el legislativo la protección y
adquisición de tierras por parte de representantes nacionales e
internacionales de un capitalismo salvaje. Leyes de obtención de
energía a través de energía hidráulica, eólica y un decreto de
explotación petrolífera, fueron aprobadas. La Ley general de agua
influye a las concesiones de acuíferos y ríos. La nueva ley de
minería permite la minería a cielo abierto, la que fue prohibida en
Honduras en el año 2006.
A las protestas sociales contra los mega-proyectos responde el estado
con una legislación represiva. Una ley para controlar las
organizaciones no-gubernamentales, la ley de inteligencia (servicio
secreto) y la ley de escuchas; facilitan la criminalización de los
movimientos sociales. El defensor de Derechos Humanos y coordinador
de CEHPROEC Pedro Landa, señala: -“Sabemos que tenemos en contra
al Estado, tenemos en contra a la policia, tenemos en contra el
ejército, las empresas privadas y tenemos en contra muchas leyes.
Ahora en Honduras hay un nuevo delito de terrorismo y uno de ellos es
oponerse o interferir contra la libertad de la empresa. Eso
significa, que yo no puedo cuestionar a una empresa por violar a los
Derechos Humanos porque ya soy un terrorista.”
Adicionalmente promueven el Decreto de Emergencia en Materia de
Seguridad Pública que otorga funciones originalmente de la policía
a los militares. Es el caso del establecimiento de una Policía
Militar y la unidad especial TIGRES. La presencia permanente de
fuerzas de seguridad privada, de los militares y de la policía
estableció un clima de miedo y causó numerosas violaciones de
Derechos Humanos. En Rio Blanco se agravó la situación en julio de
2013 cuando el activista Tomas García fue asesinado a tiros por el
ejército en una manifestación pacífica contra la represa, también
su hijo fue gravemente herido.
Los intereses de DESA y su involucramiento con el capital financiero
y el ejército son evidentes. El gerente de DESA realizó su
formación en una academia militar en los Estados Unidos, luego
trabajó como asistente de la dirección del servicio de inteligencia
del ejército hondureño y fue director técnico de la empresa
energética estatal ENEE, al mismo tiempo que aprobó el contrato de
concesión para Agua Zarca y para otros 23 proyectos hidroeléctricos.
Dos tercios del capital para la fundación de DESA pertenece a los
hermanos Atala Zeblah, los mismos que están en las juntas directivas
de las cámaras comerciales centroamericanas y bancos que concedieron
los créditos millonarios a DESA. Además los flujos de capital
financiero provienen del Banco Mundial, el Banco de Inversión
Europeo y de USAID. Los impactos sociales que generan estos proyectos
no son analizados por los financieros internacionales a menos que
lleguen a una fuerte escalación de las protestas. Mientras tanto,
los derechos de la empresas nacionales e internacionales están
protegidos por la ley. En el caso “del conflicto serio entre la
dirección del proyecto y las comunidades locales” que fue
calificado como imprevisible e incontrolable, SINOHYDRO canceló
todos los contratos con DESA y se retiró del proyecto.
Las
empresas que participan
en los proyectos
de generación de energía argumentan el
sentido de la “Economía Verde” con
la reducción de la emisión de CO²,
la creación de empleo, reducción de la pobreza y el
desarrollo. La pagina web de DESA vende una
imagen de responsabilidad social, ayudando
a las comunidades en la zona de influencía de la represa Agua Zarca.
Asimismo DESA Informa
sobre la reducción de la emisión de CO²
– las cuales tarde o temprano generarán
flujo de fondos en el mercado de bonos de carbono.
SIEMENS QUIERE “AYUDAR”
La empresa alemana Voith Hydro – empresa mixta con Siemens –
provee entre otros componentes, tres turbinas para la producción de
electricidad a Agua Zarca. No se molesta por las graves violaciones
de derechos in situ.
En la asamblea general de los accionistas de Siemens, miembrxs de la
Honduras Delegación pronunciaron las violaciones de Derechos Humanos
en Río Blanco, el presidente de la junta directiva de Siemens Joe
Kaeser minimizó diciendo: -”Siemens ve los problemas de los
pueblos indígenas pobres y quiere ayudar pero no puede rescatar a
todo el mundo.”
La venta los recursos
de Honduras aumentó
drásticamente a
partir del golpe
de Estado(2009),
se acentua mas incluso con el nuevo
Gobierno. Con las elecciones de noviembre
2013 se rompió
por primera vez
el bipartidismo político,
el Partido
Nacional del presidente Juan Orlando Hernández ya no tiene la
mayoría absoluta
en el congreso. Debido ha esto, el anterior
gobierno se apresuró en los meses posteriores a la nueva toma de
posesión del
nuevo Gobierno (enero 2014)
para aprobar
una gran cantidad de leyes que favorecen a las empresas privadas.
El triunfo dudoso de Hernández - un defensor de la militarización
– significa seguir con la política neoliberal y represiva.
En Río Blanco se
teme que las protestas pacíficas
terminen violentamente
por la fuerza. El
conflicto en la Tejera se puede aplicar a todo Honduras, donde
incidentes
parecidos suceden cuando se plantea la
protesta social.
