Nadie se merece algo similar. Sufrir la pérdida de un hijo, hermano, esposo, tío o padre entre las llamas de un incendio provocado, luego reclamar sin éxito el cadáver del desaparecido y, finalmente, recibir un féretro sellado sin saber a quién se lleva dentro hacia su comunidad.
Así buscamos nosotras a nuestros seres queridos desaparecidos desde 1979, frente a un Estado criminal y, además, cruel e indiferente, que convierte luego las reparaciones de derechos violados en un ‘show mediático’ que avergüenza otra vez a las víctimas.
No aceptamos que Porfirio Lobo Sosa y su asesora Ana Pineda prometan encima de los cadáveres de las victimas un mecanismo de arreglo amistoso con los familiares, bajo el argumento que la demanda al Estado sería un camino largo e incierto. Como en una repartición de indulgencias ofrecen 100,000 lempiras por cada privado de libertad incendiado en los pasillos del Estado.
Es injusto, indigno e inhumano, además anti cristiano, pretender deshacerse de las personas que exigen en Tegucigalpa a sus parientes muertos, no a cualquier cadáver descompuesto que aturde la respiración de los forenses nacionales y extranjeros.
El Cofadeh exige a los gobiernos de Chile, Perú y España, que colaboran en el proceso de identificación de las víctimas, que sean serios y ofrezcan a la sociedad hondureña sus informes forenses independientes no casados con los informes inducidos del régimen de facto actual.
Es repudiable, igualmente, que de nuevo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un Estado mentiroso y fracasado en materia de derechos humanos se comprometiera esta semana a firmar un pliego de compromisos amistosos con las familias de las víctimas de 107 privados de libertad quemados y asfixiados en 2004 en San Pedro Sula.
Tenemos enfrente a una máquina de muerte que no cumple resoluciones del sistema interamericano ni mundial, y que se burla de la humanidad disfrazándose de Estado de Derecho y Democracia. Muy mal hacen quienes tratan con una cosa así.
En el caso de las amenazas a muerte contra Gladys Lanza que prometieron disuadir la semana pasada ante la CIDH incumplieron el primer compromiso de enviar el 29 de febrero a los peticionarios la comunicación oficial de las resoluciones asumidas en San José, Costa Rica.
A medida avanza el ano electoral, cuando las fuerzas políticas van definiendo sus espacios, observamos un nuevo incremento de las muertes violentas de mujeres y comunicadoras sociales, hostilidades y amenazas contra liderazgos jóvenes de la resistencia nacional, que nos convoca a estar alerta.
De los hechos y de los hechores, Ni olvido ni perdón
COFADEH 2 de marzo de 2012
