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martes, 30 de octubre de 2018

Observaciones del juicio por los ocho imputados causa Berta Cáceres

Noticias Berta Cáceres

Primeros testimonios en el juicio de Berta Cáceres: Momentos emotivos para el público y los testigos.

El viernes 26 de octubre por la mañana, la doctora Dunia Marisol Hernández Vigil acudió a declarar para presentar su informe de levantamiento de cuerpo. Ella es la primera doctora en observar la muerte, procedió a identificar a la víctima e hizo un breve inventario. Las imágenes de la escena que el médico había tomado se proyectaron en la sala para presentarlas al tribunal. 

El ambiente era muy pesado. Hubo un silencio respetuoso en la sala del tribunal cuando fotos de la defensor de los derechos humanos Berta Cáceres yacían en su habitación. Era difícil permanecer insensible a estas imágenes de las que emanaba tanta violencia. 

Los familiares ya no están presentes en las audiencias desde la exclusión de sus representantes legales del proceso judicial, y ese fue probablemente el mejor día de ese día.

Un testigo protegido viene a testificar.

Por la tarde, fue el turno del testigo protegido 278-2016. El testigo fue llevado a la habitación en una caja de madera con ruedas y ventanas tintadas a los lados. La puerta de la caja se abrió ante los jueces para que solo estos últimos pudieran ver la cara del testigo.
El testimonio se hizo a través de un micrófono que tiene un efecto de distorsión de voz, pero a pesar de estas medidas de seguridad, se observó que el testigo estaba extremadamente nervioso y horrorizado. Tuvo que testificar más temprano en el día, pero hubo que cambiar la hora porque el testigo había comenzado a sentirse extremadamente mal.

El testigo es un conocido de uno de los acusados, Elvin Rápalo Orellana, y declaró que confesó haber matado a Berta Cáceres. El acusado le contó, unos días después del hecho, cómo se desarrolló el crimen y mencionó que había recibido un pago más tarde. 

El testigo estaba aterrorizado por haber recibido estas confesiones, especialmente porque algunas personas de la comunidad le confirmaron más tarde que el acusado en cuestión era supuestamente un asesino a sueldo. El testigo describió físicamente al acusado y posteriormente lo identificó en la habitación mientras se giraba la caja de madera.

El tribunal estaba muy preocupado por la protección del testigo y le sugirió que no respondiera ninguna pregunta que pudiera permitir su identificación. Además, el tribunal no dudó en intervenir cuando una pregunta podía poner al testigo en peligro.

Al final de la audiencia, el tribunal presentó un calendario muy condensado para la próxima semana que establece que el último día del juicio será el sábado 3 de noviembre. El fiscal se dirigió a la corte y comprendió que la expiración de la detención preventiva de algunos de los acusados llegaría muy pronto, pero que el tiempo previsto para que la corte presentara las pruebas no es suficiente.
Además, la fiscalía informó a los jueces que tres de sus testigos no fueron encontrados en este momento y que un funcionario que debía venir a presentar una de las pruebas documentales ha terminado su empleo. Luego, el tribunal ordenó que los tres testigos desaparecidos fueran citados a través de una publicación a principios de esta semana. Por lo tanto, hasta la fecha, hay cinco testigos faltantes para el caso de la fiscalía, si incluimos a la víctima de intento de asesinato.


La próxima audiencia está programada para el lunes 29 de octubre a la 1:30 pm



Caso de Berta Cáceres: Presentación de los cargos.

El miércoles 24 de octubre, la fase de proporcionar evidencia incidental continuó y la Corona presentó sus objeciones al nuevo material presentado por la defensa. Alrededor de las 3 pm, el tribunal anunció en el salón que iba a deliberar sobre la admisión de la nueva evidencia presentada desde el sábado 20 de octubre. Fue solo alrededor de las 18:30 que el secretario del tribunal anunció a las partes y al público, que esperaron pacientemente, que la resolución no se presentaría antes del día siguiente a las 9 am.

Sumisión de cargos

El jueves 25 de octubre, el tribunal abrió la audiencia presentando la resolución de la resolución sobre las nuevas pruebas admitidas en el juicio. Las partes pudieron presentar solicitudes de revisión y, posteriormente, el tribunal emitió su resolución final. Es particularmente interesante observar que, sin embargo, el tribunal se reservó el derecho de tomar una decisión sobre la admisibilidad de las comunicaciones interceptadas al final del juicio solamente. Esta decisión disgustó a la defensa, a la que le hubiera gustado que las pruebas fueran rechazadas antes de ser presentadas en el juicio.

Posteriormente, la fiscalía procedió con la presentación de los cargos. Los ocho hombres están acusados de cometer el delito de asesinato agravado y premeditado, [1], así como el delito de intento de asesinato.
La fiscalía describió brevemente los hechos que llevaron al asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro, así como el supuesto papel de cada acusado en la comisión del crimen. Finalmente, el fiscal presentó al tribunal que el motivo del asesinato fue debilitar las actividades de la organización COPINH que dirigía Berta Cáceres, en particular las acciones contra la empresa DESA y la construcción de la presa eléctrica Agua Zarca.

Los representantes de los acusados ​​recibieron una breve respuesta a los cargos en los que alegaban la inocencia de su cliente y algunas debilidades en los cargos. Por ejemplo, algunos han expresado la falta de evidencia y la individualización de los cargos. Algunos incluso han sugerido que el asesinato podría haber sido el resultado de una lucha interna en la comunidad afectada por la represa de Agua Zarca entre quienes apoyan la construcción y quienes se oponen a ella. 

Además, los abogados de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, ex director del departamento de medio ambiente y comunicaciones de DESA, dijeron que su cliente estaba recopilando información sobre los movimientos y actividades de COPINH y su ex líder, desde que los miembros esta organización ya había atacado violentamente las instalaciones y los empleados de DESA. La información recopilada por el acusado era necesaria, en su opinión, para cumplir su función de gestión y, por lo tanto, garantizar la seguridad de los empleados.

Finalmente, el tribunal abrió la fase de pruebas, que comienza con los testigos de la Corona. La primera persona convocada para declarar fue el testigo protegido ABC-03-03-2016, víctima de intento de asesinato. Esta última estaba en la casa con Berta Cáceres en el momento de su muerte y pudo ver al individuo que le disparó; Por lo tanto, es de gran importancia en el contexto del juicio.
Sin embargo, la fiscalía anunció que el testigo, un ciudadano mexicano, no estaba en el país y, por lo tanto, solicitó que su declaración por escrito del 3 de marzo de 2016 fuera aceptada como prueba. Es importante tener en cuenta que el testigo protegido estuvo representado por abogados privados en su capacidad de enjuiciamiento privado antes de ser retirados del juicio. Por lo tanto, el fiscal no tiene contacto con la víctima.

La defensa se opuso a esta declaración escrita como prueba y el tribunal finalmente decidió que también rechazó esta solicitud por el momento. De hecho, los jueces consideran que la Corona no ha realizado suficientes esfuerzos para ordenar que el testigo comparezca o justifique su ausencia. Sin embargo, si posteriormente se presentaban pruebas concluyentes a tal efecto, el tribunal podría reconsiderar.



domingo, 2 de septiembre de 2018

A los 30 meses del vil asesinato de Berta Cáceres

Feminista, líder indígena Lenca y defensora del medio ambiente en Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 en su casa por hombres armados, la organización de Berta, el COPINH, estaba en lucha contra la construcción de una hidroeléctrica privada en territorio Lenca. DESA es la empresa propietaria y esta directamente vinculada con el asesinato de Berta, forma parte del Grupo empresarial ATALA-ZABLAH , uno de los más poderosos grupos de poder en Honduras, COPINH y Berta fueron victimas de seguimiento, amenazas y una fuerte criminalización, por servicios policiales de inteligencia y por personas contratadas por DESA. El proceso judicial ha estado lleno de irregularidades y se reanuda en septiembre de 2018, La defensa jurídica de Berta denuncia que una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, aparatos de seguridad del Estado, altos directivos y miembros de la seguridad privada de la empresa DESA, planeó por meses y ejecutó el asesinato. Berta se convirtió en símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. A dos años y medio de su asesinato demandamos justicia y cese la persecución contra las y los defensores de la vida en Honduras.

lunes, 27 de agosto de 2018

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DENUNCIAMOS NEGLIGENCIA ESTATAL EN EL CASO DE BERTA CÁCERES

Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.- Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.
 
Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armas y casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba. 
 
Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres. 
 
Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.
 
Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.
 
Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.
 
Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(...) asegurar que los familiares (...) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”. 
 
Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.
 
En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales. 
 
Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.  
 
Organizaciones firmantes: 
 
8th Day Center for Justice
67 Sueños – Estados Unidos
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador
Amnistía Internacional 
Asociación Nicaragua en Duesseldorf – Alemania
Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania
Carea e.V – Alemania
Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala
Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Chinese Progressive Association – Estados Unidos
Climate Justice Alliance – Estados Unidos
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El SalvadorCollettivo Italia Centro América – Italia
Comité Campesino del Altiplano – Guatemala
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala
Comité de Unidad Campesina (CUC)    Guatemala
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) –  Canadá
Common Frontiers  – Canadá
Corporate Accountability Lab – Estados Unidos
Diakonia
Earthworks – Estados Unidos
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Foro Honduras Suiza
Francia América Latina – Francia
Front Line Defenders
Fundación para el Debido Proceso
Grassroots Global Justice Alliance
Grassroots International
Green Peace
Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos
HEKS / EPER
Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala
Human Rights Defenders Project – Estados Unidos
Indigenous Environmental Network
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)
Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación –  Austria
International Service for Human Rights (ISHR)
JASS Mesoamérica
Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Migrant Justice
“La Otra” Cooperativa –  Guatemala
MISEREOR –  Alemania
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) –  Estados Unidos
Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia –  Alemania
OXFAM
Peace Watch Switzerland
Plataforma Urbana – Guatemala
Protection International
Red Comunitaria Guatemalteca –  Canadá
Right to the City Alliance – Estados Unidos
Rights Action
Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala
Share Foundation – Estados Unidos
Southern Maine Workers Center – Estados Unidos
Todos por Guatemala  Canadá
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala
United Electrical Workers of America – Estados Unidos
United for Mining Justice –  Canadá
UPROSE – Estados Unidos
Women’s Organizing Network – Estados Unidos

lunes, 20 de noviembre de 2017

Carta abierta a los respetables miembros del cuerpo diplomático internacional y organismos internacionales con presencia y/o enfoque en Honduras

Lunes, 20 de noviembre del 2017
Asunto: Preocupaciones por la expulsión de defensores y defensoras internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades hondureñas.

Honorables Señores y Señoras,
Los y las cinco ciudadanos y ciudadanas firmantes de esta carta, nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de informarles y expresarles la preocupación sobre nuestra situación, cuatro ciudadanos europeos, defensores de derechos humanos, y un ciudadano colombiano, periodista, que desde el 2016 somos objeto de un proceso administrativo de expulsión por parte del Estado de Honduras.

Las personas afectadas son:
Giulia FELLIN, de nacionalidad italiana y alemana, miembro de la Hondurasdelegation, un colectivo de personas y grupos que trabaja en la observación de derechos humanos desde el 2009; Luis DIAZ DE TERAN, de nacionalidad española, defensor y observador de derechos humanos; Marine PEZET, de nacionalidad francesa, excoordinadora de PROAH, Proyecto de Acompañamiento Internacional a defensores de derechos humanos en Honduras; Heike ENGEL, de nacionalidad alemana, defensora de derechos humanos y periodista independiente; y Víctor Hugo SOTO GALEANO, fotógrafo periodista, de nacionalidad colombiana.

Contexto:
Luego del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres el 2 de marzo del 2016, incrementaron los ataques y las amenazas contra defensores nacionales e internacionales de derechos humanos, en particular contra defensores internacionales que acompañaban al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), organización que lideraba Berta Cáceres. Un ejemplo de ello son los ataques y actos de intimidación a participantes y observadores internacionales durante el Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive” , el 15 de abril del 2016, en el cual se encontraban Giulia Fellin, Luis Díaz, Heike Engel y Marine Pezet.

El 9 de mayo del 2016, tuvo lugar una manifestación pacífica del COPINH, frente a Casa Presidencial, la cual fue violentamente reprimida. Los y las defensores internacionales Giulia Fellin, Luis Díaz y Heike Engel estuvieron presentes, observando y documentando los hechos.

El 10 de mayo del 2016, el señor Jorge Ramón Hernández Alcerro, Secretario Coordinador General del Gobierno hondureño, afirmó públicamente que se ordenó a la Dirección de Inteligencia del Estado y al Instituto de Migración para que “proceda a identificar a los extranjeros que participan en ese tipo de manifestaciones, incitando a la violencia, y que se aplique los procedimientos que la ley establece”, y que “abrirán una investigación a los extranjeros que participan en las protestas del COPINH y que incitan a la violencia”.

A partir del 10 de mayo del 2016, se produjeron diversos pronunciamientos e intimidaciones directas relacionadas con el trabajo realizado por Giulia Fellin, lanzando una campaña de desprestigio en su contra, por la cual se vio forzada a abandonar el país.

Las demás personas arriba mencionadas también salieron del país en las semanas siguientes, aunque no recibieron una notificación oficial escrita acerca de una alerta migratoria en su contra. Además, en junio del 2016, una representante de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, expresó que en ningún momento se había emitido una resolución de expulsión.

Sin embargo, el 25 de octubre de 2016, el defensor de derechos humanos Luis Díaz, intentó ingresar de nuevo a Honduras. Fue abordado por agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes lo detuvieron y le aplicaron el procedimiento administrativo de expulsión. Fue expulsado sin que se le permitiera impugnar la decisión de expulsión de Honduras, y ningún documento le fue entregado.

Después de este incidente, los demás observadores europeos decidieron investigar, con el apoyo de abogados hondureños miembros de organizaciones de derechos humanos, si había una alerta migratoria en su contra y podría aplicarse un proceso similar en contra de ellos.

En febrero del 2017, un abogado hondureño logró tener acceso a un documento del Instituto Nacional de Migración, de fecha “030 [sic!] de mayo del 2016”, dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en el que se pide proceder a la expulsión de las cinco personas arriba mencionadas.

Desde ese entonces, abogados y abogadas hondureñas, se han comunicado con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Derechos Humanos, y han hecho numerosas gestiones para lograr acceder al expediente de dichas expulsiones.

Aunque la expulsión en contra de los cinco ciudadanos fue confirmada por los funcionarios hondureños, se les notificó a los abogados y las abogadas que el expediente se extravió. A pesar de numerosas comunicaciones con diversas autoridades hondureñas, y su compromiso oral de encontrar el expediente, hasta la fecha, ni el expediente, ni la resolución de expulsión, nos han sido entregadas, tampoco a nuestros abogados y abogadas.

A un año y medio después de los hechos, nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas extranjeros, nos encontramos en la imposibilidad de volver a Honduras y de poder impugnar la resolución emitida en nuestra contra.

Solicitamos que miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales de derechos humanos expresen ante las autoridades de Honduras la importancia del rol del acompañamiento internacional en la defensa de los derechos humanos y que les insten a:
  • Brindar información sobre el proceso administrativo en materia migratoria que se aplicó a Luis DIAZ DE TERAN para su detención y expulsión, así como a los demás 4 ciudadanos y ciudadanas extranjeros, requiriendo información y el acceso al expediente al Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización;
  • Revertir la decisión porque la orden de expulsión es injustificada y perjudicial para el trabajo de defensa de los derechos humanos en Honduras;
  • Realizar investigaciones prontas, oportunas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las alegaciones relativas a actos de amenazas y ataques contra personas defensoras nacionales y extranjeras en Honduras;
  • Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones, de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de diciembre de 1998 y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.
  • La Asamblea General de la OEA, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, los firmantes solicitamos al cuerpo diplomático y animamos a la comunidad internacional a acercarse activamente a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras con el objetivo de ofrecerles apoyo y protección en el marco de las Directrices de la Unión Europea para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, y de otros instrumentos y mecanismos internacionales existentes para tal fin.
Atentamente:
Luis DIAZ DE TERAN
Heike ENGEL
Giulia FELLIN
Marine PEZET
Víctor Hugo SOTO GALEANO

jueves, 18 de mayo de 2017

Basta de impunidad. Justicia para Berta ya.

¿Hasta cuándo terminará el abuso e impunidad del Ministerio Público y el Poder Judicial en la Causa Berta Cáceres? ¿Tanto poder tienen los autores intelectuales de este crimen que someten abiertamente al sistema de justicia sin que no pase nada?

El equipo legal del MADJ representante judicial de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, y el COPINH
 
El equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ),  representante judicial de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres,  y el  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) a la opinión pública nacional e internacional informa y reitera su denuncia en torno a: 

1.          Desde que se ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro, el 02 de marzo de 2016, somos parte en el proceso investigativo y judicial bajo la figura del acusador privado. El equipo de abogados que ostenta la representación de la víctimas ha pedido, reiterada y celosamente, acceso a la investigación sobre el crimen, hemos aportado información y se ha solicitado que se ejerzan acciones contra: autores intelectuales, empresas promotoras y la banca nacional e internacional que financia proyectos hidroeléctricos que han sido relacionados con amenazas, hostigamientos y el asesinato de Berta Cáceres, especialmente la empresa DESA que es beneficiaria de la concesión del Río Gualcarque.
2.        Ministerio Público y los tribunales de la república deliberada e ilegalmente, hasta la fecha, siguen negando el acceso a información básica sobre la investigación del crimen. Desde la primera audiencia inicial, desarrollada el 06 de mayo de 2016, y en las consecutivas de distintas fechas, solicitamos se pusiera a nuestra disposición la información en la que se sustenta el dictamen sobre vaciados e intervención a los teléfonos de las personas relacionadas con el crimen. El Tribunal que conoce la causa ordenó que se entregara la información, sin embargo, hasta la fecha, la información ha sido negada. 
3.         Hemos solicitado al Ministerio Público, entre otras cosas, nos entregue los resultados de los análisis efectuados a las evidencias encontradas en los allanamientos y registros practicados a las oficinas de la empresa DESA y a la vivienda de varios de los imputados. También le pedimos al MP nos explicara por qué no se decomisaron varios documentos y mucha otra información que se encontraba dentro de las oficinas de la referida empresa relacionada con la concesión del río Gualcarque, de igual  nos explicaran por qué limitaron nuestro derecho a participar en los allanamientos  y ejercer rol que nos corresponde en esos actos, pese a que nos habíamos personado en la causa. Hasta la fecha, tampoco tenemos respuesta alguna.
4.       La audiencia preliminar iniciada el 19 abril de 2017, la cual tuvo como observadores a varias organizaciones de derechos humanos y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, fue suspendida porque el mismo tribunal que conoce la causa y el Ministerio Público reconocieron que habían incumplido con el deber de entregar información a las víctimas, para que a través de su equipo de abogados sostuvieran la acusación en contra de los imputados. El mismo juzgado dispuso que el 28 de abril de 2017 se entregaría la información y que el 24 de mayo continuaría la audiencia preliminar. Hemos sido diligentes en ofrecer pagar los costos para el acceso a esta información (fotocopias, traslado de instrumentos y equipo) , sin embargo, hasta la fecha, ni el Tribuna, l ni el Ministerio Público han cumplido y parecen determinados a no cumplir con su deber de entregar la información, por lo cual denunciamos estas tácticas dilatorias que generan más impunidad.
5.          En este contexto de abuso y de impunidad institucional, cumplimos con nuestro deber de informar que nos reconocemos impotentes ante los abusos de esta institucionalidad, revictimizados y cada vez más alarmados del enorme poder que tienen los grupos económicos-criminales que ordenaron el asesinato  de Berta Cáceres.  Pareciera que, por ahora, no hay ninguna fuerza capaz de romper con el pacto de impunidad institucional que cobija a los autores intelectuales de este crimen.
6.          No obstante, ratificamos nuestro compromiso de agotar todas las instancias para que los responsables de este crimen no queden impunes. También nos comprometemos a demandar justicia en contra de los funcionarios que hoy, de distintas maneras, por acción y por omisión, pretenden garantizar impunidad a la estructura criminal que mandó a asesinar a Berta Cáceres.
A la comunidad nacional e internacional, solicitamos activa solidaridad en la demanda de justicia frente a este crimen. 

Basta de impunidad. Justicia para Berta ya.

Mayo de 2017

Ver tambien:
justiciaparabertacaceres.blogspot.de/ 

miércoles, 10 de mayo de 2017

La Voz del Gualcarque, 1 año y 2 meses del asesinato de Berta Cáceres

Documental-Web LA VOZ DEL GUALCARQUE 

Hoy 2 de mayo de 2017 se cumple un año y dos meses desde el asesinato de Berta Cáceres, defensora de los derechos del pueblo indígena Lenca en Honduras.

OCOTE FILMS y Cadena de Derechos Humanos Honduras (CADEHO) conmemoramos su legado publicando el documental-web “La Voz del Gualcarque”, relato que muestra una de las tantas luchas en que participó Berta Cáceres, como coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas Honduras (COPINH); la resistencia de las comunidades Lencas contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. 

Lucha que le costó la vida; los responsable materiales del asesinato están relacionados directamente con la empresa que construye y gestiona el proyecto Hidroeléctrico DESA (Desarrollos Energéticos S.A.). El ex-jefe de seguridad de DESA, ex-militares y sicarios están actualmente detenidos acusados del asesinato. Hasta hoy los actores intelectuales del crimen continúan impunes.

No tenemos esperanza de garantías jurídicas por parte del Estado hondureño y al igual que COPINH y múltiples organizaciones nacionales e internacionales demandamos una investigación independiente del caso.

Al mismo tiempo queremos recordar la responsabilidad que los bancos de cooperación europeos como FINNFUND (Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial), FMO (Banco de desarrollo empresarial de Holanda) y la empresa Siemens//VoithHydro tienen en Agua Zarca. Desde que comenzaron las denuncias sobre la ilegalidad e ilegitimidad del proyecto, han sido informados directamente de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que el proyecto provoca, así como del asesinato de Tomás García y varios indígenas de las comunidades adyacentes. La construcción del proyecto sigue actualmente y las comunidades siguen sufriendo las consecuencias que provoca.

A partir del asesinato de la coordinadora indígena y debido a la gran repercusión internacional, los bancos que dan el financiamiento y empresas europeas realizaron varios comunicados distanciándose de estos hechos y llegando a dar promesas de una “salida responsable del proyecto” (FMO marzo 2016).

Todavía hoy sigue sin haber ninguna reacción contundente y convincente de estos organismos europeos. Que esperan?; quizás que el tiempo tape la mancha?; y su responsabilidad quede en el olvido?

Desde 2010 las comunidades Lencas de Rio Blanco organizadas en COPINH mantienen su resistencia contra la construcción del proyecto Agua Zarca a pesar de la grave represión, hostigamiento, difamación y asesinatos que han sufrido; con la misma determinación por la defensa de su tierra y territorio que cuando comenzaron.

A un año y dos meses del asesinato de Berta.

CADEHO y OCOTE FILMS, EXIGIMOS JUSTICIA, y el cierre inmediato del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca!!!

Berta Vive!!
La lucha sigue!!


2 de mayo 2017