¿Hasta cuándo
terminará el abuso e impunidad del Ministerio Público y el Poder Judicial en la
Causa Berta Cáceres? ¿Tanto poder tienen los autores intelectuales de este
crimen que someten abiertamente al sistema de justicia sin que no pase nada?
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| El equipo legal del MADJ representante judicial de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, y el COPINH |
El equipo legal del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), representante judicial de las hijas,
hijo y madre de Berta Cáceres, y
el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) a la opinión pública
nacional e internacional informa y reitera su denuncia en torno a:
1.
Desde que se
ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro, el 02 de marzo de 2016,
somos parte en el proceso investigativo y judicial bajo la figura del acusador
privado. El equipo de abogados que ostenta la representación de la víctimas ha
pedido, reiterada y celosamente, acceso a la investigación sobre el crimen, hemos
aportado información y se ha solicitado que se ejerzan acciones contra: autores
intelectuales, empresas promotoras y la banca nacional e internacional que
financia proyectos hidroeléctricos que han sido relacionados con amenazas,
hostigamientos y el asesinato de Berta Cáceres, especialmente la empresa DESA
que es beneficiaria de la concesión del Río Gualcarque.
2. Ministerio
Público y los tribunales de la república deliberada e ilegalmente, hasta la
fecha, siguen negando el acceso a información básica sobre la investigación del
crimen. Desde la primera audiencia inicial, desarrollada el 06 de mayo de 2016,
y en las consecutivas de distintas fechas, solicitamos se pusiera a nuestra disposición la información en la
que se sustenta el dictamen sobre vaciados e intervención a los teléfonos de
las personas relacionadas con el crimen. El Tribunal que conoce la causa ordenó
que se entregara la información, sin embargo, hasta la fecha,
la información ha sido negada.
3. Hemos solicitado al Ministerio Público, entre otras cosas,
nos entregue los resultados de los análisis efectuados a las evidencias
encontradas en los allanamientos y registros practicados a las oficinas de la
empresa DESA y a la vivienda de varios de los imputados. También le pedimos al
MP nos explicara por qué no se decomisaron varios documentos y mucha otra
información que se encontraba dentro de las oficinas de la referida empresa
relacionada con la concesión del río Gualcarque, de igual nos explicaran por qué limitaron
nuestro derecho a participar en los allanamientos y ejercer rol que nos corresponde en esos actos, pese a que nos
habíamos personado en la causa. Hasta la fecha, tampoco tenemos respuesta
alguna.
4. La audiencia preliminar iniciada el 19 abril de 2017, la cual
tuvo como observadores a varias organizaciones de derechos humanos y
representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, fue suspendida
porque el mismo tribunal que conoce la causa y el Ministerio Público reconocieron
que habían incumplido con el deber de entregar información a las víctimas, para
que a través de su equipo de abogados sostuvieran la acusación en contra de los
imputados. El mismo juzgado dispuso que el 28 de abril de 2017 se entregaría la
información y que el 24 de mayo continuaría la audiencia preliminar. Hemos sido
diligentes en ofrecer pagar los costos para el acceso a esta información (fotocopias,
traslado de instrumentos y equipo) , sin embargo, hasta la fecha, ni el Tribuna,
l ni el Ministerio Público han cumplido y parecen determinados a no cumplir con
su deber de entregar la información, por lo cual denunciamos estas tácticas
dilatorias que generan más impunidad.
5.
En este contexto de abuso y de impunidad institucional,
cumplimos con nuestro deber de informar que nos reconocemos impotentes ante los
abusos de esta institucionalidad, revictimizados y cada vez más alarmados del
enorme poder que tienen los grupos económicos-criminales que ordenaron el
asesinato de Berta Cáceres. Pareciera que, por ahora, no hay
ninguna fuerza capaz de romper con el pacto de impunidad institucional que
cobija a los autores intelectuales de este crimen.
6.
No obstante, ratificamos nuestro compromiso de agotar todas
las instancias para que los responsables de este crimen no queden impunes.
También nos comprometemos a demandar justicia en contra de los funcionarios que
hoy, de distintas maneras, por acción y por omisión, pretenden garantizar impunidad
a la estructura criminal que mandó a asesinar a Berta Cáceres.
A la comunidad nacional e internacional, solicitamos activa solidaridad
en la demanda de justicia frente a este crimen.
Basta de impunidad. Justicia para Berta ya.
Ver tambien:
justiciaparabertacaceres.blogspot.de/
