domingo, 2 de septiembre de 2018
A los 30 meses del vil asesinato de Berta Cáceres
Feminista, líder indígena Lenca y defensora del medio ambiente en
Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 en su casa por hombres
armados, la organización de Berta, el COPINH, estaba en lucha contra la
construcción de una hidroeléctrica privada en territorio Lenca.
DESA es la empresa propietaria y esta directamente vinculada con el
asesinato de Berta, forma parte del Grupo empresarial ATALA-ZABLAH , uno
de los más poderosos grupos de poder en Honduras,
COPINH y Berta fueron victimas de seguimiento, amenazas y una fuerte
criminalización, por servicios policiales de inteligencia y por personas
contratadas por DESA.
El proceso judicial ha estado lleno de irregularidades y se reanuda en
septiembre de 2018,
La defensa jurídica de Berta denuncia que una estructura criminal
integrada por funcionarios públicos, aparatos de seguridad del Estado,
altos directivos y miembros de la seguridad privada de la empresa DESA,
planeó por meses y ejecutó el asesinato.
Berta se convirtió en símbolo internacional de la lucha por los derechos
humanos de los pueblos indígenas y de la naturaleza.
A dos años y medio de su asesinato demandamos justicia y cese la
persecución contra las y los defensores de la vida en Honduras.
lunes, 27 de agosto de 2018
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DENUNCIAMOS NEGLIGENCIA ESTATAL EN EL CASO DE BERTA CÁCERES
Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.- Organizaciones internacionales
expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades
hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres
Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este
sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y
público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental
para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a
la verdad y la justicia.
Amnistía Internacional
Asociación Nicaragua en Duesseldorf – Alemania
Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de
artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las
personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares,
memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular,
discos duros extraíbles, computadoras e incluso armas y casquillos de bala. Sin embargo, 2
años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una
investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo
haya dañado la prueba.
Esta
situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las
numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.
Hasta el
día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la
información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal
le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este
órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de
consecuencia legal.
Por su
parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como
víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento
en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.
Esta
serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática,
violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del
proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y
condicionan su búsqueda de verdad y justicia.
Ante esta
situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso
avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como
sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(...) asegurar que los
familiares (...) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas
e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley
interna y las normas de la Convención Americana”.
Adicionalmente,
según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos
los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento
judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en
este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las
víctimas”.
En
este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias
dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los
responsables, en particular a los autores intelectuales.
Finalmente,
las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a
rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta
Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan
defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país.
El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera
pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.
Organizaciones firmantes:
8th Day Center for Justice
67 Sueños – Estados
Unidos
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El SalvadorAmnistía Internacional
Asociación Nicaragua en Duesseldorf – Alemania
Cadena de Derechos
Humanos Honduras – Alemania
Carea e.V – Alemania
Centro de Formación,
Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala
Centro de Investigación
y Documentación Chile-América Latina – Alemania
Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional (CEJIL)
Chinese
Progressive Association – Estados Unidos
Climate
Justice Alliance – Estados Unidos
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El SalvadorCollettivo
Italia Centro América – Italia
Comité Campesino del
Altiplano – Guatemala
Comité de Desarrollo Campesino
(CODECA) – Guatemala
Comité de Unidad
Campesina (CUC) – Guatemala
Comité por los derechos
humanos en América Latina (CDHAL) –
Canadá
Common Frontiers – Canadá
Corporate
Accountability Lab – Estados Unidos
Diakonia
Earthworks – Estados
Unidos
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Federación de
Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular
(FODHAP) – Guatemala
Fondo de Acción Urgente
para América Latina y el Caribe
Foro Honduras Suiza
Francia América Latina
– Francia
Front Line Defenders
Fundación para el
Debido Proceso
Grassroots
Global Justice Alliance
Grassroots
International
Green
Peace
Guatemala Human Rights
Comission USA – Estados Unidos
HEKS / EPER
Hijas e hijos por la
identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala
Human
Rights Defenders Project – Estados Unidos
Indigenous
Environmental Network
Iniciativa
Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)
Instituto de
Investigaciones Interculturales y de Cooperación – Austria
International
Service for Human Rights (ISHR)
JASS
Mesoamérica
Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace &
Justice
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Migrant Justice
“La Otra” Cooperativa
– Guatemala
MISEREOR
– Alemania
Network
in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) – Estados Unidos
Northern
Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos
Oficina Ecuménica por
la Paz y la Justicia – Alemania
OXFAM
Peace
Watch Switzerland
Plataforma
Urbana – Guatemala
Protection
International
Red
Comunitaria Guatemalteca – Canadá
Right
to the City Alliance – Estados Unidos
Rights
Action
Seguridad en Democracia
SEDEM – Guatemala
Share
Foundation – Estados Unidos
Southern
Maine Workers Center – Estados Unidos
Todos
por Guatemala – Canadá
Unión Nacional de
Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala
United
Electrical Workers of America – Estados Unidos
United
for Mining Justice – Canadá
UPROSE – Estados Unidos
Women’s Organizing
Network – Estados Unidos
jueves, 16 de agosto de 2018
Carta oficial respecto a la hidroeléctrica Los Planes
Alemania, 16 de agosto de 2018
Distinguidas Señora Marcia Núñez Ennabe.
Señora Dayani Ivette Bocanegra Padilla.
Señora Claudia Cecilia Cantarero.
Nos dirigimos a Uds. con el respeto
que su investidura representa frente a la labor de la velar por la correcta
aplicación de justicia. Especialmente con los concernientes hacer prevalecer el
principio de justicia frente a un acto de exigencia a forzar el derecho para
privilegiar a intereses mercantiles sobre el interés superior de una sociedad
como lo es proteger y promover el goce de los derechos humanos plenos.
Por lo tanto queremos compartir con
Ustedes nuestra preocupación por el sometimiento a la revisión de la decisión
del caso de justa reclamación por la comunidad
de Pajuiles, Municipio de Tela y frente a la inconformidad de la empresa
Hidroeléctrica Centrales de Progreso (HIDROCEP) por la resolución en firme de
la primera instancia de la judicatura hondureña.
El Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo de San Pedro Sula resolvió el 30 de julio de 2018 la
demanda de amparo interpuesta en contra de la Corporación Municipal de Tela
debido a las flagrantes, permanentes e impunes violaciones del derecho humano
al agua y a la salud. Se ordenó parar las obras del proyecto hidroeléctrico de
la empresa HIDROCEP.
La construcción de la
hidroeléctrica por parte de la empresa HIDROCEP ha causado desde su inicio
graves problemas en la región, como es evidente la destrucción del medio
ambiente en la Cordillera Nombre de Díos, la contaminación del río Mezapa, en
detrimento de más de 20,000 habitantes que cuentan con la única fuente para el
abastecimiento de agua para el consumo humano.
Nosotras/os, los y las integrantes
de la red alemana-austriaca HondurasDelegation, desde el año 2016 estamos
atentos, en constante monitoreo y acompañamiento a la comunidad de Pajuiles a
través de la observación internacional en conjunto con las organizaciones de
base y regionales. En su legítimo derecho han acudido al sistema de justicia
hondureño con la plena confianza de obtener protección.
También estamos informados y hemos
dado acompañamiento en la denuncia y en la asistencia a las y los defensores,
pobladores y apoderados legales que han sufrido ataques físicos en los
campamentos comunitarios. Así mismo las acciones judiciales para la criminalización de 25 integrantes de los
campamentos. El uso excesivo de la fuerza a través de la presencia del cuerpo
militar y policial. Además se ha podido constatar y denunciar que la empresa
provocó el deterioro de la convivencia pacífica
a largo plazo en el tejido social de las comunidades en la región.
Todas estas situaciones fueron
expuestas a La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero
2018, quien en apego al mandato de protección y de coadyuvar esfuerzos con el
Estado de Honduras, resolvió otorgar medidas cautelares (N° 772-17, resolución
12/2018) a cinco comunidades por el riesgo de salud en que los/las habitantes
se encuentran tomando el agua contaminada por la construcción de la
hidroeléctrica sobre el río Mezapa.
Todas estas acciones han
fortalecido la resolución del juzgado de primera instancia que se apropió del
derecho de ejecutar una resolución en apego irrestricto a la convencionalidad
de la aplicación de las medidas otorgadas en el sistema interamericano.
Aportando con esta afirmativa y oportuna resolución una jurisprudencia de hacer
prevalecer la justicia como principio fundamental para un Estado de Derecho que
prima los intereses del ser humano como fin primordial de todo ordenamiento
jurídico y político.
Por lo tanto reafirmamos nuestro
compromiso de acompañar a la comunidad en su legítimo derecho a sostener el
cumplimiento de su sentencia robustecida de
justicia. Esperamos de igual forma que ustedes como integrantes de la
Corte de Apelaciones de lo Contenciosa Administrativa reafirmen y reconozcan
los derechos de las comunidades en sentencia de primera instancia con un fallo
a favor de los peticionarios de las comunidades afectadas.
Es así
que manifestamos a Ustedes magistradas de la justicia hondureña que estamos
atentos a su resolución que reafirme la sentencia basada en justicia y justo
reclamo. Donde el Estado de Honduras se compromete a la tutela por los derechos
de la gente. Como estado respetuoso de los derechos fundamentales y libertades.
Así mismo a buscar los mecanismos para que la población afectada en la zona,
pueda contar con garantías plenas de que está defendiendo el derecho a gozar de
su hábitat sano y libre de factores que destruyen su dignidad y calidad de
vida.
Con nuestras más sinceras muestras
de respeto y esperanzadores en su resolución que deje en firme el derecho ya
ganado por la comunidad.
Atentamente,
HondurasDelegation
jueves, 9 de agosto de 2018
Carta abierta respecto a las agresiones permanentes contra la comunidad de Azacualpa y las organizaciones acompañantes
Alemania 8 de agosto 2018
Estimados/as Señores y Señoras de la Municipalidad de
La Unión/Copan:
Estimado Señor Rolando Argueta:
Estimada Señora Karla Cueva:
Estimado Señor Roberto Herrera:
Las organizaciones abajo firmantes conformadas en la
red europea de solidaridad con Honduras elevamos nuestra voz de alerta frente a las sistemáticas violaciones de
derechos humanos por parte del Gobierno
de la República de Honduras y sus funcionarios/as, sobre los ciudadanos/as de
la comunidad de Azacualpa, del municipio de La Unión del departamento de Copán.
De igual forma
condenamos las agresiones sistemáticas que están enfrentado el Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la Asociación de Organizaciones No
Gubernamentales de Honduras (ASONOG) y otras organizaciones ambientalistas por
acompañar a las y los ciudadanos/as en defensa de su hábitat y en contra
de la explotación del cerro El
Cementerio. Que derivado de lo anterior se está promoviendo una campaña de
desprestigio y confrontación entre la comunidad, actos promovidos por la
empresa minera Minerales de Occidente S. A. (MINOSA). Que ha buscado la
división y la generación de plataformas para instrumentalizar la participación
ciudadana a favor de sus intereses, en detrimento de los intereses de la
comunidad de Azacualpa.
Por lo tanto
exigimos al Estado de Honduras y a sus funcionarios/as cumplir con los amparos
judiciales (de mayo 2018 y 27 de junio 2018) que no permiten las exhumación y
la explotación de cerro El Cementerio y ordenan a la municipalidad de La Unión:
“INMEDIATO CESE Y HAGA CESAR las exhumaciones de difuntos inhumados en la
comunidad para lo cual deberá usar todos los mecanismos legítimos contemplados
en nuestra legislación”.
La comunidad de
Azacualpa y las 35 personas que presentaron el segundo amparo están
representadas por el abogado Víctor Fernández y el equipo legal del MADJ. ASONOG, MADJ y las otras organizaciones
ambientalistas acompañantes enfrentan una campaña de difamación en la cual se
les está acusando de entorpecer el desarrollo del municipio de La Unión y de
hacer injerencia en las comunidades. Estas organizaciones responden a la
solicitud expresa de las mismas comunidades ante la represión militar y
policial de la que han sido objeto a petición de la transnacional y en
connivencia de la corporación municipal y entes de derechos humanos. A esto se
suman los contingentes de seguridad de la compañía minera que en repetidas
ocasiones han intimidado a los y las manifestantes.
La campaña de
odio y desprestigio fue emprendida por la municipalidad de La Unión Copán, la
empresa Aura Mineral subsidiaria de MINOSA y algunos medios de comunicación
local y nacional que menosprecian y criminalizan las organizaciones y a los y
las líderes locales.
Estamos
preocupados/as por su integridad física y psíquica en vista del fallo del
sistema judicial como por ejemplo en el caso de los defensores de Derechos
Humanos Martín Fernández y Oscar Martínez.
Los dos integrantes del MADJ han sufrido atentados contra su integridad
y la vida misma. El caso se encuentra sin investigar y judicializar a los
perpetradores de estos actos a pesar que los victimarios fueron identificados.
Este resultado de justicia dejó en total indefensión a los defensores para
ejercer su labor.
Por lo tanto
exigimos al Estado de Honduras que reconozca la labor de los y las defensores
de derechos humanos y que cese la campaña de difamación y tome medidas
adecuadas para garantizar la protección y el respeto de la vida.
Además exigímos
al Estado de Honduras que cumpla con el convenio 169 de la OIT, respetando los derechos de los pueblos indígenas
en las comunidades del municipio de La Unión.
A los entes
judiciales exhortamos que garanticen el cumplimiento de los amparos judiciales
de mayo 2018 y junio 2018 que no permitan las exhumación y la explotación de
cerro El Cementerio.
Por lo tanto
elevamos también nuestra voz de alerta a las diferentes delegaciones
diplomáticas en Honduras de la Comunidad Europea a sostener su compromiso por
velar por el cumplimento de los derechos humanos y por el respeto a la
autodeterminación de los pueblos en sus territorios.
Atentamente,
Cadena de Derechos Humanos Honduras, Alemania
Collettivo Italia Centro America (CICA), Italia
Foro Honduras Suiza, Suiza
HondurasDelegación, Alemania
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Alemania
Plataforma por Honduras en Madrid, España
Cc.
Unidad de Protección
Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas en
Honduras
Delegación de la Unión Europea en Honduras
Embajada en Alemania
Embajada en el Estado español
Consulado General en Italia
Embajada en Suiza
miércoles, 21 de febrero de 2018
Encuentro europeo en solidaridad con Honduras
Después del asesinato de Berta Cáceres
entendimos la necesidad urgente de unir esfuerzos, crear redes y generar
acciones concertadas entre todos los grupos, con el fin de conseguir un impacto
más grande. Conocemos el rol importante de la Unión Europea en la región
centroamericana y especialmente en Honduras. Si conseguimos organizarnos
entorno a una plataforma Europea para generar incidencia denunciando la
injustas realidades del país, estamos segurxs que contribuiría a aportar
protección a lxs activistas y organizaciones que con mucho riesgo trabajan día
a día por una transformación real del su sociedad.
CADEHO, la red solidaria HondurasDelegation y la Oficina Ecuménica por la paz
y justicia estamos organizando un encuentro de tres días con la idea de re/encontrarnos,
mostrar y aprender de nuestras experiencias y comenzar a desarrollar
visiones y estrategias comunes sobre nuestra lucha europea para Honduras.
Fecha:
15 al 17 de Junio 2018
Lugar:
Berlín / Alemania
El encuentro se desarrollará en una casa-proyecto-alternativo con posibilidades de hospedarse.
Los costos de viaje tendrían que ser cubiertos
por cada grupo o persona.
Desde Alemania estamos buscamos fondos para
cubrir algunos gastos del encuentro.
Sí tienen interés en participar o cualquier
otra pregunta sobre el encuentro, escríban a: cadeho@riseup.net
Para nuestra planificación necesitaríamos la
confirmación de todxs lxs participantes hasta finales de Abril de 2018.
Saludos solidarios
Cadena de
Derechos Humanos Honduras (CADEHO)
BERTA VIVE!
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| Tegucigala 27 de enero 2018 - Foto: Luis Méndez |
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