martes, 26 de noviembre de 2013

Delegación a Honduras: Cuando instituciones estatales cometen sistematicamente violaciones de derechos humanos, no se puede hablar de elecciones libres y justas

Comunicado de prensa del 26 de noviembre 2013

El grupo de trabajo internacional Delegación a Honduras trabaja desde el golpe de estado 2009 en el área de Derechos Humanos y periodismo en Honduras. Nuestro viaje como delgación de este año tiene el objetivo de registrar la situación de derechos humanos en el período de las elecciones. En esto tiene prioridad la situación de movimientos sociales que defienden sus derechos a tierra. Con ese fin viajamos durante las dos semanas antes de las elecciones a diferentes regiones de Honduras. Documentamos la siguiente seleción de incidentes:


  • En la comunidad de Nueva Esperanza en el departamento Atlántida la población se defiende contra el proyecto de la empresa hundureña „Minerales Victoria“ de construir una mina. Desde hace medio año las „fuerzas de seguridad“ de la empresa minera con apoyo de la policia local abrieron una base en la comunidad. Desde entonces miembros de la comunidad estan amenazados, una familia tuvo que huir, dos Observadores de Derechos Humanos de francia y suiza fueron secuestrados por corto tiempo a finales de julio y se les amenazó de muerte. En este caso se pronunció una orden de detención, que hasta ahora no esta ejecutado. Todos los otros casos no estan vistos por la fiscalia. Antes de las elecciones el dueño de Minerales Victoria, Lenir Perez, anunció la entrada de militares en la comunidad en caso de que gana Juan Orlando.
  • En la comunidad de Río Blanco en el departamento Intibucá los habitantes se defienden contra un proyecto de la empresa hondureña DESA de contruir una represa. Los indígenas del pueblo Lenca se amparan en el convenio 169 de la OIT, que determina que proyectos de construcción en territorio indígena necesitan la aprobación de la población, y esto no se cumple. Se nos presentaron testimonios de niñas y niños, que fueron amenazados a muerte el primero de noviembre durante una usurpación de policias armados. Los habitantes temen, en caso de una victoria electoral de Juan Orlando, la ejecución de la orden ya existente de desalojo del bloqueo de la calle hacia el río donde se encuentra el proyecto hidroelectrico Agua Zarca.

  • El caso Río Blanco esta considerado como ejemplo para otros 46 proyectos de represas en el territorio Lenca, para los cuales el gobierno del golpe de estado Micheletti 2009 ya habia repartido concesiones. En el contexto de la defensión de la población en contra de proyectos de minería y de represas, la organización lenca COPINH esta siendo perseguida por una campaña de difamación y criminalización. En caso de una victoria electoral de Juan Orlando la organización teme el aumento de la militarización del territorio lenca y la imposición violenta de los proyectos planeados. 
     
  • La organización Foro de Mujeres en San Pedro Sula nos contó de los planes del gobierno Lobo de disolver la existente fiscalía para violencia contra mujeres y incorporarla en la fiscalía de niños. Ellas preven, que eso se haga realidad con Juan Orlando como presidente, lo que favorece la impunidad en el área de violencia contra mujeres. 
     
  • En la asociación MADJ (Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia), también con sede en San Pedro Sula, estan organizados abogadas y abogados, que apoyan a comunidades en que estan defendiendo su derecho a la tierra. Nos describieron entre otros el caso de los indígenas Tolupanes, que en la reserva Texigua en el departamento deYoro, estan protestando contra ocho empresas de mineras de antimonio sin concesiones ,y además contra tala ilegal. El 25 de agosto 2013, sicarios locales asesinaron tres activistas tolupanes en un bloqueo de una calle. Los asesinos siguen moviendose libre y armados en público. La fiscalía aconsejó a los Tolupanes que denunciaron el delito, que será lo mejor si ellos se arman también. Desde entonces ocho habitantes tenian que salir de la region por su seguridad. 
     
  • La organización CNTC en el departamento Yoro comprende 45 cooperativas campesinas. Después de una recuperación de tierra en la comunidad de Agua Blanca, la cual se encontraba ilegalmente en manos de la empresa azucarera inglesa ASUNOSA los campesinos y campesinas negociaron con el Instituto Agrario INA. El 26 de agosto 2013 la azúcarera ASUNOSA con la protección de la policía y el ejército destruyó 1000 manzanas de los cultivos de los campesinos de la CNTC. La coordinadora de la CNTC está perseguida y recibe amenazas. Ella fue condenada de no entrar en el área de Agua Blanca.

  • A la organización de derechos humanos FIDH y a la organización COPINH se les mostró un listado, proveniente de círculos militares, en cual aparecen dirigentes de los movimientos sociales, del partido LIBRE y de las organizaciones de derechos humanos para cuales existe un plan de asesinato. Entre ellos se encuentran Bertha Oliva (COFADEH), Berta Cáceres (COPINH), Victor Fernández (MADJ), Felix Molina (periodista). En el marco de la campaña electoral desde mayo 2012 fueron asesinados 39 candidatos, candidatas y activistas, la mayoría de ellos perteneciendo al partido LIBRE.
En todos los lugares visitados se mostró uniformemente la inactividad de las instituciones estatales ante los intereses de la población que en su mayoría es pobre y sus organizaciones, igual que el abuso del poder a favor de empresas nacionales y internacionales. Eso refleja la distribución del poder antes de las elecciones: El tiempo entero de la campaña desde mayo 2012 fue marcado por un ambiente de temor. El desigual acceso de los partidos y los movimientos sociales a recursos financieros y representación mediática crea una desigualdad extrema en las condiciones iniciales. Los numerosos asesinatos de periodistas y abogados y abogadas muestran el gran peligro que corren aquellos que se dedican a la defensa jurídica de los movimientos sociales y a la información crítica. Ejercer un compromiso social inevitablemente es un riesgo para la vida. En este ambiente elecciones libres y leales no son imaginables.
No existe ninguna señal que la situación de derechos humanos se va a mejorar en un gobierno del Partido Nacional debajo de la presidencia de Juan Orlando Hernández. Las organizaciones que hemos visitado al contrario temen una agravación de la situación actual. Quien confíe en este gobierno, basándose en que desde un punto de vista técnico no hay pruebas claras de fraude, no reconoce las realidades de este país, en el cual las estructuras estatales no brindan prácticamente ninguna protección y están subordinadas a los intereses particulares de algunos grupos del poder.

El mismo día de la elección, observadores, observadoras y organismos de derechos humanos documentaron una gran cantidad de irregularidades. Se observó el compro de votos, amenazas de personas armadas y el asesinato de por lo menos dos activistas del partido LIBRE.